El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción en la Asamblea Regional para exigir al Gobierno de España que adopte de manera “urgente” medidas eficaces que permitan afrontar la grave crisis que atraviesa el sector del transporte por carretera, un sector estratégico para la economía española y especialmente para la Región de Murcia.

El PP denuncia que los transportistas profesionales soportan un “incremento insostenible” de los costes de explotación, especialmente por el encarecimiento del combustible, lo que ha provocado una importante pérdida de rentabilidad y ha comprometido la continuidad de numerosas empresas y autónomos.

“El transporte por carretera es la columna vertebral de nuestra economía y no puede seguir siendo ignorado por un Gobierno sanchista que ha demostrado una absoluta incapacidad para responder a las necesidades reales del sector”, ha señalado el diputado regional Carlos Albaladejo.

La moción registrada recoge el malestar generalizado de los profesionales del transporte ante unas ayudas que consideran “claramente insuficientes”. Según las principales organizaciones del sector, las medidas aprobadas por el Ejecutivo central no compensan “ni de lejos” el incremento de costes derivado de la subida del precio del gasóleo, mientras que las ayudas anunciadas continúan sin llegar a muchos de los beneficiarios.

Además, Albaladejo denuncia la incertidumbre generada por la reestructuración del sistema de gasóleo profesional y el retraso en el abono de las ayudas comprometidas, “circunstancias que están provocando graves problemas de liquidez a empresas que operan con márgenes cada vez más reducidos”. A día de hoy, a los transportistas no le ha llegado ningún ingreso referente a la subvención de los 20 céntimos por litro, según fuentes del sector.

En el caso de la Región de Murcia, la situación adquiere una especial relevancia debido al peso que tienen las exportaciones agrícolas y agroalimentarias. “Miles de toneladas de productos regionales dependen diariamente del transporte por carretera para llegar a los mercados nacionales e internacionales en condiciones óptimas”, ha señalado el diputado.

“Cada sobrecoste que soportan nuestros transportistas repercute directamente en la competitividad de nuestras empresas exportadoras y en la capacidad de la Región para seguir liderando sectores estratégicos como la agricultura y la industria agroalimentaria”, ha destacado el diputado regional.

Por ello, “reclamamos al Gobierno central que rectifique de forma inmediata su política en materia de transporte y combustible profesional y adopte un paquete de medidas urgentes que incluya la recuperación íntegra del gasóleo profesional con la bonificación completa que existía anteriormente, el pago inmediato de todas las ayudas pendientes y la revisión de los mecanismos que permitan actualizar las tarifas para reflejar el incremento de los costes operativos”.

“El sector necesita soluciones reales, no anuncios vacíos ni medidas insuficientes. Los transportistas llevan demasiado tiempo soportando el peso de una gestión errática que pone en riesgo miles de empleos y la competitividad de nuestra economía”, ha concluido Carlos Albaladejo.

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha contrapuesto hoy "las dos formas completamente distintas de gobernar" que representan el Gobierno de Fernando López Miras y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha definido como "un Gobierno colapsado, paralizado y arrastrado por el fango de la sospecha". Lo ha dicho en su intervención en la sesión de control al presidente del Consejo de Gobierno, donde ha preguntado: ¿Qué decisiones está adoptando el Gobierno para mejorar la vida de los ciudadanos de la Región de Murcia?

Segado ha destacado que mientras España asiste atónita a un espectáculo permanente de corrupción, investigaciones judiciales y utilización partidista de las instituciones del Estado, la Región de Murcia avanza gracias a un Gobierno “serio, estable y centrado en resolver los problemas reales de los ciudadanos pisando la calle”. "Frente al ruido y la hostilidad institucional de La Moncloa, aquí hay un Ejecutivo que acuerda, gestiona, gobierna para las personas y genera confianza", ha subrayado.

El portavoz popular ha resaltado que los resultados de la gestión del Gobierno regional "son evidentes y medibles". "Hoy en la Región de Murcia trabaja más gente que nunca, lideramos el crecimiento económico, aumentan nuestras exportaciones, atraemos inversiones estratégicas, fortalecemos nuestro sector primario y seguimos generando oportunidades para miles de familias", ha señalado. "

Todo ello pese al castigo permanente de un Gobierno de España que sigue negando a los murcianos la financiación justa que merecen mientras concede privilegios a otros territorios por puro interés político", ha añadido.

Por el contrario, Segado ha denunciado que el PSOE y Pedro Sánchez han convertido las instituciones del Estado en herramientas al servicio de su supervivencia política. "No queda ni un solo ministerio, ni una sola empresa pública o institución del Estado que se libre de las sucias manos del sanchismo. La Fiscalía General, Adif, RTVE, Correos, Indra, el CIS o Puertos del Estado aparecen continuamente salpicados por polémicas y sospechas que deterioran la confianza de los ciudadanos en las instituciones", ha afirmado.

Asimismo, el dirigente popular ha lamentado que España viva una situación inédita, con dirigentes socialistas investigados, procesados o señalados por graves escándalos que afectan al entorno más próximo del presidente del Gobierno.

Lo más grave, ha remarcado, no es solo la acumulación de casos, sino la absoluta ausencia de responsabilidades políticas. “Nadie dimite, nadie asume consecuencias y nadie pide perdón a los españoles. En cualquier democracia del mundo, un Gobierno con una mínima parte de los problemas que arrastra el Ejecutivo de Sánchez habría caído diez veces", ha remarcado.

"España no merece un Gobierno que dedique toda su energía a defenderse de los tribunales y a proteger los intereses de quienes le rodean. España necesita recuperar la decencia institucional, el respeto a la ley y la ejemplaridad en la vida pública", ha defendido Segado.

Finalmente, el portavoz parlamentario del PP ha asegurado que "los españoles son mucho mejores que quienes hoy les gobiernan" y ha reivindicado el modelo de gestión que representa Fernando López Miras. "Frente a la hostilidad institucional, la división y la parálisis que llegan desde Moncloa, en la Región de Murcia contamos con un Gobierno que une, dialoga, acuerda, ofrece estabilidad y defiende la dignidad de las instituciones", ha concluido.

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado una moción del Partido Popular para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que considere a determinadas zonas del litoral de la Región de Murcia como “áreas de especial presión criminal”, con “dispositivos específicos de intervención”. También se pide “un refuerzo urgente de la plantilla y de los medios materiales y tecnológicos”, además de “un plan específico de prevención y lucha contra el narcotráfico en el litoral del Levante español”.

“No es aceptable ni justo que quienes hacen el juramento de entregar su vida en defensa de España, lo hagan con medios claramente insuficientes frente a organizaciones criminales cada vez más poderosas”, ha señalado María Casajús, defensora de la iniciativa.

“En los últimos años, la propia Guardia Civil ha venido alertando del incremento del narcotráfico en nuestro litoral, con especial incidencia en zonas como Mazarrón, Águilas o el entorno del Mar Menor”, ha subrayado la diputada del PP. “Y frente a todo ello, tenemos unas plantillas que las propias asociaciones profesionales de la Guardia Civil siguen considerando insuficientes, que soportan cada vez más presión operativa, más exposición al riesgo y una amenaza criminal cada vez más sofisticada”, ha añadido.

“Según el último informe anual de seguridad nacional, emitido por el Centro de operaciones y vigilancia de acción marítima de la Armada, con base en Cartagena, la Región de Murcia es una de las zonas críticas elegidas por las mafias del narcotráfico para colocar sus alijos”, ha recordado Casajús, que al hilo ha apuntado que “solo en los últimos meses se han producido intervenciones en puntos como Mazarrón y Cartagena, con incautaciones de más de 100.000 pastillas de éxtasis en una sola operación, así como operaciones contra estructuras logísticas en el litoral de Águilas y Mazarrón que evidencian la consolidación de estas redes en tierra y mar”.

“Mientras la actividad criminal se desplaza, adapta y expande allí donde encuentra menor resistencia, el ministro Marlaska desmantela una unidad tan eficaz como el OCON-SUR”, ha denunciado la parlamentaria autonómica.

Casajús ha incidido en que “frente a embarcaciones de alta potencia, sistemas de navegación avanzados, comunicaciones encriptadas e incluso drones, quienes velan por nuestra seguridad cuentan con medios claramente insuficientes”. “En ocasiones concretas, debido a averías o restricciones operativas, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Región ha contado con una sola lancha, no solo para la lucha contra el narcotráfico, sino también la vigilancia del litoral, la seguridad marítima, control de actividades ilícitas y apoyo a otras emergencias”, ha señalado.

“Estamos ante una lucha profundamente desigual entre quienes representan el Estado de derecho, con recursos limitados, presión constante y medios que no siempre están a la altura, y unas organizaciones criminales que operan con estructuras logística avanzadas, tecnología, movilidad y una capacidad de adaptación que evoluciona más rápido que la respuesta institucional”, ha advertido la diputada del PP.

“Cuando los medios no crecen al ritmo de la amenaza y cuando la sensación de impunidad se instala en determinados territorios, lo que está en juego es la seguridad, y con ella, la garantía del resto de derechos fundamentales”, ha concluido.

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga ha exigido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez “que se deje de propaganda y postureos y defienda de verdad a los murcianos frente al riesgo de inundaciones antes de la llegada de la próxima DANA”.

Díez de Revenga ha recordado que, en respuesta a preguntas de senadores del PP, el Gobierno central “reconoce que las principales infraestructuras hidráulicas de defensa tienen serias deficiencias de seguridad y funcionamiento en la Región”.

“Los ciudadanos de la Región tenemos serias dudas de que estemos protegidos frente al riesgo de inundaciones”, ha incidido el senador del PP, ya que, ha señalado, “frente al discurso del Ejecutivo de Sánchez, que presume de que están haciendo muchos estudios y tomando medidas basadas en la naturaleza, no han tenido más remedio que reconocer la realidad: que las principales presas tienen, o bien problemas estructurales, o bien deficiencias en los desagües de fondo, con lo cual no nos están defendiendo realmente”.

En concreto, según las respuestas oficiales del Ministerio, al menos nueve presas de la cuenca del Segura (El Paretón, Rambla del Moro, Argos, Cárcabo, Moratalla, Valdeinfierno, El Morrón, Alfonso XIII y Moratalla II) carecen todavía de normas de explotación aprobadas, a pesar de que algunas llevan décadas construidas.

A esta situación se suma que ocho grandes presas de la cuenca tampoco tienen aprobados sus planes de emergencia, según la respuesta ministerial. Entre ellas se encuentran embalses tan importantes como Cenajo, Camarillas, Talave, Alfonso XIII, Puentes, Fuensanta, Ojós y El Morrón, que representan más del 70% de la capacidad de almacenamiento de toda la cuenca del Segura.

Asimismo, cinco presas (Talave, Santomera, Alfonso XIII, La Cierva y Valdeinfierno) presentan desagües de fondo inoperativos, una circunstancia especialmente preocupante porque impide el funcionamiento normal y seguro de estas infraestructuras.  Además, otras cuatro (Talave, Santomera, Alfonso XIII y Argos) tienen comprometida su seguridad debido a la reducción de su capacidad de desagüe.

También “resulta especialmente preocupante el reconocimiento por parte de la CHS de problemas de seguridad estructural en las presas del Moro y del Argos”, ha destacado.

Díez de Revenga ha alertado de que “la rotura de una presa por falta de mantenimiento y dejadez provocaría una catástrofe de magnitud incalculable”. “Podemos sufrir las graves consecuencias de tener que soportar un Gobierno de España al que solo le preocupa su supervivencia política, mientras desatiende algo tan importantes como es garantizar la seguridad de los ciudadanos mediante el mantenimiento de infraestructuras esenciales”, ha lamentado.

“La realidad es que Pedro Sánchez y su lugarteniente en la Región Francisco Lucas miran hacia otro lado, abandonan a los murcianos y nos dejan a merced de las inundaciones”, ha reprochado. “Necesitamos cuanto antes un Gobierno central que gestione y se preocupe de verdad por los ciudadanos, no por aferrarse al poder a costa de lo que sea”, ha concluido.

“Si hay 20 millones, que digan la partida. Si hay proyecto, que lo enseñen. Si hay compromiso, que pongan una fecha. Y si no pueden contestar a nada de eso, lo que hay no es un cuartel, sino propaganda”, ha remarcado

El senador por la Región de Murcia, Francisco Bernabé, ha denunciado que el Gobierno ha evitado concretar en el Senado “dónde está el dinero, cuándo se licitará la obra, qué proyecto existe y en qué plazo se construirá el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena”. Lo ha hecho a raíz de una respuesta remitida por el Ejecutivo central a las preguntas del PP, donde se detalla que el proyecto está “pendiente de trámites posteriores, no tiene calendario cerrado, ni presupuesto propio y ni compromiso detallado sobre las viviendas de los agentes”.

“Cartagena se convierte en otro ejemplo del trato escandaloso del PSOE a la Guardia Civil. Los socialistas les niega los medios para perseguir el crimen, les niegan cuarteles y solo les mandan a sus Leires y sus cloacas para perseguirles”, ha dicho el senador uno de los autores de las preguntas.

La contestación llega después de que el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, anunciara en Cartagena que el proyecto contaba con “mínimo garantizado de más de 20 millones de euros” y que ese dinero permitiría ejecutar el edificio operativo y una primera fase de viviendas. Lucas llegó a presentar la actuación como una prioridad del Ministerio y aseguró que no dependía de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, cuando el Gobierno ha tenido que responder por escrito en el Senado, no ha señalado una sola partida presupuestaria concreta. Tampoco ha aclarado si el dinero es finalista, si el proyecto está redactado, cuándo se aprobará, cuándo empezarán las obras, cuándo acabarán, cuántas viviendas se construirán, qué servicios tendrá el acuartelamiento ni si la actuación se hará por fases.

Francisco Bernabé ha calificado la respuesta como “una tomadura de pelo” a Cartagena, a los guardias civiles y a sus familias. “El PSOE escurre el bulto. Vendieron 20 millones garantizados, dijeron que había dinero real y finalista, pero cuando se les pregunta en el Parlamento no saben decir, dónde está la partida, ni cuál es el proyecto, ni cuándo se va a construir el cuartel”, ha denunciado el senador del PP.

La respuesta del Gobierno se limita a afirmar que la construcción del nuevo cuartel está “priorizada” dentro del PLISE II-Extraordinario 2026-2034. Pero esa expresión no equivale a una fecha, ni a una licitación, ni a una dotación cerrada. El propio Ejecutivo añade que las condiciones, la viabilidad y los importes se definirán durante la redacción y aprobación de los proyectos técnicos. Es decir, Interior admite que la cifra anunciada no queda garantizada.

El contraste con la comunicación pública del Ministerio del Interior refuerza las dudas del PP. En la nota oficial del PLISE II, Interior citó proyectos en Guadalajara, Canillas, Zaragoza, Úbeda, Toledo, Alicante, Madrid, Ibiza, Ceuta y Melilla, pero no incluyó ninguna referencia expresa a Cartagena.  

“Para otros sitios hay nombres, importes y proyectos. Para Cartagena solo hay evasivas”, ha señalado Bernabé. El senador ha recordado que en otras actuaciones sí se han difundido cifras concretas, como los 45 millones para la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil en Úbeda o los 11 millones para la nueva comisaría de Dénia.  

El PP sostiene que así se desmonta el anuncio del delegado del Gobierno. “Si hay 20 millones, que digan la partida. Si hay proyecto, que lo enseñen. Si hay compromiso, que pongan una fecha. Y si no pueden contestar a nada de eso, lo que hay no es un cuartel, sino propaganda”, ha afirmado Bernabé.

La antigua casa cuartel fue demolida en 2023 y el Gobierno llegó a asegurar entonces que la nueva instalación estaría lista en dos años. Tres años después, según denuncia el PP, el solar sigue sin obras y el Ejecutivo vuelve a pedir confianza sin aportar documentación que avale el anuncio.

“El gobierno de la corrupción es también el gobierno del infierno fiscal. Hacienda recaudó 180.000 millones de euros más en 2025 que en 2018, pero los servicios públicos son cada día peores”

La diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia Miriam Guardiola ha denunciado la subida del IVA de la electricidad y el gas aplicada por el Gobierno de Pedro Sánchez desde el pasado 1 de junio, una medida que supone un nuevo golpe para la economía de miles de familias, autónomos y empresas. “Sánchez vuelve a subir el IVA mientras las familias siguen perdiendo poder adquisitivo gracias a su asfixia fiscal”, ha denunciado.

Guardiola ha recordado que fue el PP quien forzó al Ejecutivo a reducir el IVA de estos suministros esenciales durante los momentos de mayor presión inflacionista y ha criticado que ahora el Gobierno haya dejado decaer esas rebajas fiscales “cuando nada ha cambiado para las familias y los costes energéticos siguen condicionando la economía de los hogares”.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado iniciativas para mantener el IVA reducido de la electricidad, el gas y otros combustibles alternativos en el 10% hasta que el precio medio del barril Brent (principal unidad de medida y precio de referencia para el petróleo en Europa y a nivel mundial) se sitúe por debajo de los 80 euros durante dos meses consecutivos.

La diputada ha señalado que la decisión del Ejecutivo llega en un momento “especialmente complicado” para las familias españolas, que han visto cómo desde 2018 los precios se han incrementado un 25,56%, mientras que la cesta de la compra acumula una subida del 42%.

“Los ciudadanos pagan cada vez más por llenar el carro de la compra, por acceder a una vivienda y ahora también por encender la luz o poner la calefacción. La realidad es que el crecimiento económico del que presume Sánchez no llega a los hogares”, ha señalado.

Guardiola ha advertido además de que la pobreza energética se ha duplicado durante los años de Gobierno socialista, pasando del 7% al 15%, lo que demuestra que “muchas familias tienen cada vez más dificultades para afrontar el pago de los suministros básicos”.

En este sentido, ha criticado el aumento constante de la presión fiscal durante los últimos años. “El gobierno de la corrupción es también el gobierno del infierno fiscal. Hacienda recaudó 180.000 millones de euros más en 2025 que en 2018, pero los servicios públicos son cada día peores. Pagamos más y recibimos menos”, ha lamentado.

Asimismo, ha recordado que el último Consejo de Ministros celebrado esta semana “debería haber servido para recuperar la rebaja del IVA de la luz y del gas en lugar de seguir castigando a quienes ya soportan una fuerte pérdida de poder adquisitivo”.

El Partido Popular defiende un conjunto de medidas destinadas a aliviar la carga económica de familias y empresas, entre las que destacan la deflactación del IRPF para evitar que la inflación se convierta en una subida encubierta de impuestos, una menor presión fiscal para las familias con hijos y la reducción permanente de determinados impuestos energéticos para abaratar las facturas.

“Frente a un Gobierno central que recauda más que nunca, el PP propone devolver recursos a los ciudadanos, bajar impuestos y proteger a las familias para que puedan llegar a fin de mes”, ha concluido Guardiola.

La diputada nacional por la Región de Murcia, Isabel Borrego, ha denunciado hoy el “olvido y abandono” al que tiene sometidos el responsable del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el delegado del gobierno Francisco Lucas a la Guardia Civil, a cuyos agentes han dejado sin casi medios para perseguir las narcolanchas en el litoral regional. Lo ha hecho tras mantener una reunión con representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de la Región de Murcia, en la que también ha estado las diputadas nacionales Violante Tomás y Miriam Guardiola.

Esta situación, han denunciado los agentes, limita severamente su capacidad de actuación, especialmente en servicios nocturnos, preventivos o de vigilancia permanente. En los últimos meses, la Guardia Civil está registrando un «aumento descontrolado» del tráfico de drogas, la llegada de pateras y narcopateras. Además, está proliferando el fenómeno del petaqueo, consistente en el suministro de combustible a las lanchas del narcotráfico en alta mar. 

En el encuentro con la diputada nacional, los representantes de los agentes han mostrado su hartazgo con esta situación y le han pedido su ayuda de forma inmediata”, para que el Gobierno de Sánchez, adopte las medidas necesarias para reforzar los medios humanos y materiales de la Guardia Civil, sobre todo, y lo más urgente, “ante el potencial incremento del tráfico de drogas en nuestras costas”.

Actualmente, los agentes de la Benemérita asignados a la vigilancia y control de las costas regionales solo tienen tres lanchas, casi inoperativas, una de ellas con más de 20 años. Critican que desde el Ejecutivo central siempre están con promesas de que les van a dotar con más medios, “pero nunca se cumplen”, ha explicado. “Es que, incluso, carecen de chalecos antibalas”, ha añadido en un tono de indignación.

El PP ha puesto en marcha una batería de iniciativas parlamentarias en la Asamblea Regional, el Congreso y el Senado, con mociones, proposiciones no de ley y preguntas al Ejecutivo central de los diputados y senadores del PP, para exigir al Gobierno de España dotar a este cuerpo de los medios necesarios para que pueda desempeñar su labor de forma más efectiva y segura.

Plan nacional

Ante esta situación, la parlamentaria les ha anunciado que el Partido Popular prepara un plan de acción contra el narcotráfico y el crimen organizado que incluye además un refuerzo de los medios humanos y materiales, un endurecimiento de las penas para este tipo de delitos.

El plan incluirá una dotación al Servicio Marítimo de la Guardia Civil de medios no letales para neutralizar narcolanchas; un endurecimiento del Código Penal frente al narcotráfico y el crimen organizado; el refuerzo de la protección legal y material de la Guardia Civil, Policía Nacional, agentes de Aduanas y funcionarios de prisiones.

Incluso, el PP plantea que los delitos relacionados con el narcotráfico sean competencia de la Audiencia Nacional, la creación de jurisdicciones especializadas además de la necesidad de declarar a policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo.

El PP pide en una moción el mantenimiento del Trasvase como una infraestructura vital y solidaria y que se tomen como referencia en la próxima planificación los 328 hm³/año que de media se vienen trasvasando al sureste español



El diputado regional del Partido Popular Jesús Cano ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando "una operación política perfectamente planificada para desmantelar el Trasvase Tajo-Segura y condenar al sureste español a un déficit hídrico permanente", mediante decisiones que "nada tienen que ver con la ciencia, la hidrología o la protección ambiental". “Pretende ejecutar por la puerta de atrás el mayor ataque a esta infraestructura esencial para la Región de Murcia”, ha recalcado.
 

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional ha presentado una moción para exigir la revisión técnica e independiente de los caudales ecológicos del Tajo y blindar el funcionamiento del Trasvase frente a los continuos intentos del Ejecutivo central de reducir los recursos hídricos que llegan a la Región de Murcia, Alicante y Almería.

"Durante 47 años, el Trasvase ha demostrado ser una infraestructura esencial para millones de personas, para el abastecimiento urbano, para la agricultura y para la economía de todo el sureste español. Sin embargo, Pedro Sánchez ha decidido convertir el agua en un instrumento de confrontación política y castigo territorial", ha afirmado el parlamentario autonómico.

El diputado popular ha criticado que el Gobierno central aprobara los planes hidrológicos del tercer ciclo imponiendo unos caudales ecológicos que, a su juicio, "carecen de una metodología homogénea, transparente y objetiva". "Lo que se ha hecho es utilizar una supuesta cobertura técnica para justificar un recorte deliberado del agua que llega al Levante, ignorando el impacto económico y social que estas decisiones tienen sobre cientos de miles de familias", ha señalado.

Por ello, Cano ha reclamado que sea el CEDEX quien asuma la revisión de los caudales ecológicos mediante criterios científicos comparables para todas las masas de agua afectadas. "No se puede aplicar una vara de medir para unas zonas y otra completamente distinta cuando el objetivo es perjudicar al Trasvase. Exigimos transparencia, rigor técnico y que se publiquen todos los estudios utilizados para adoptar estas decisiones", ha remarcado.

Asimismo, el diputado regional ha advertido de que cualquier modificación de la regla de explotación debe garantizar una referencia media de 328 hectómetros cúbicos anuales trasvasables al sureste. "Ese volumen no es un privilegio ni un capricho. Es el mínimo necesario para mantener la actividad agrícola, planificar inversiones y asegurar el abastecimiento de millones de ciudadanos. Todo lo que suponga alejarse de esa cifra es un nuevo recorte encubierto al Trasvase", ha explicado.

Cano también ha alertado de las intenciones del Gobierno de modificar elementos esenciales del sistema al margen del Parlamento. "Si Sánchez pretende alterar el umbral legal de no trasvase fijado en 400 hectómetros cúbicos, tendrá que hacerlo mediante una ley y debatirlo en el Congreso de los Diputados. No vamos a permitir que se cambien las reglas del juego por decreto para consumar el cierre progresivo del Trasvase", ha asegurado.

Finalmente, el diputado del PP ha subrayado que "el Trasvase Tajo-Segura no pertenece a ningún Gobierno ni a ningún partido político, sino a todos los españoles". "Atacar esta infraestructura es atacar el empleo, la competitividad, la seguridad alimentaria y el futuro de la Región de Murcia. Frente a quienes quieren cerrar el grifo al Levante, el Partido Popular seguirá defendiendo el agua que nos corresponde y el principio de solidaridad que inspiró una de las obras hidráulicas más importantes de España", ha concluido.